Hace un par de días, Andrés Manuel López Obrador sacó a la luz pública un par de contratos más que firmó el el ahora secretario de gobernación en su etapa de diputado federal. Los contratos en términos generales suponen un tráfico de influencias y un uso indebido en las funciones, ya que otorga contratos a empresas de su familia por la vía de adjudicación directa, es decir, sin necesidad de que haya un concurso para elegir entre la mejor opción.
Juan Camilo ya alegó que sí, en efecto existieron dichos contratos pero que éstos fueron hechos dentro del marco de la ley. Sin embargo, creo que la cuestión de fondo no se centra en la legalidad o ilegalidad de dichos documentos, ya que la ley puede dar margen a cometer cuestiones indebidas, pero legales.
¿A qué me refiero con esto? Sencillo, más allá de la discusión de si los contratos son legales o no (que muy seguramente lo son legales), el problema reside en que como funcionario público (principalmente) es su deber actuar tanto el marco de la ley, como en el marco de la ética. No es suficiente actuar en el marco de la ley cuando se involucran recursos que no son propios, ya no digamos cuando se está en calidad de funcionario público, para el otorgamiento de recursos públicos. Disponer de recursos públicos es una responsabilidad muy grande que debe ser tomada con juicio y prudencia.
En esta línea, tenemos que el Secretario de Gobernación pudo haber otorgado estos documentos dentro del marco de la ley, sin embargo, no es suficiente ya que actúo de manera cuestionable e ilegítima. Quizá no hay una sensación que tipifique este “falta” sin embargo, la opinión pública debe saber y conocer que en una sociedad democrática, este tipo de acciones traen consecuencias, ya sea que dimita del cargo, o que sea el mismo Presidente Calderón quien lo remueva del cargo.
A pesar de esto, faltará aún, escuchar la explicación que el Secretario tenga que decir y que lo hará en los próximos días. Habrá que estar atentos para saber en qué plano estamos hablando y tener un juicio más objetivo. El problema no es la legalidad, sino la falta total de ética. Una discusión que en este país no está por demás y que abona al desarrollo de la política y por ende, de los demás procesos sociales en su conjunto.
Juan Camilo ya alegó que sí, en efecto existieron dichos contratos pero que éstos fueron hechos dentro del marco de la ley. Sin embargo, creo que la cuestión de fondo no se centra en la legalidad o ilegalidad de dichos documentos, ya que la ley puede dar margen a cometer cuestiones indebidas, pero legales.
¿A qué me refiero con esto? Sencillo, más allá de la discusión de si los contratos son legales o no (que muy seguramente lo son legales), el problema reside en que como funcionario público (principalmente) es su deber actuar tanto el marco de la ley, como en el marco de la ética. No es suficiente actuar en el marco de la ley cuando se involucran recursos que no son propios, ya no digamos cuando se está en calidad de funcionario público, para el otorgamiento de recursos públicos. Disponer de recursos públicos es una responsabilidad muy grande que debe ser tomada con juicio y prudencia.
En esta línea, tenemos que el Secretario de Gobernación pudo haber otorgado estos documentos dentro del marco de la ley, sin embargo, no es suficiente ya que actúo de manera cuestionable e ilegítima. Quizá no hay una sensación que tipifique este “falta” sin embargo, la opinión pública debe saber y conocer que en una sociedad democrática, este tipo de acciones traen consecuencias, ya sea que dimita del cargo, o que sea el mismo Presidente Calderón quien lo remueva del cargo.
A pesar de esto, faltará aún, escuchar la explicación que el Secretario tenga que decir y que lo hará en los próximos días. Habrá que estar atentos para saber en qué plano estamos hablando y tener un juicio más objetivo. El problema no es la legalidad, sino la falta total de ética. Una discusión que en este país no está por demás y que abona al desarrollo de la política y por ende, de los demás procesos sociales en su conjunto.
